La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha sido el promotor de una economía distributiva a través de la “justicia social”, por medio de los “Objetivos de Desarrollo Sostenible” (ODS) y consagrada en la Agenda 2030, la cual se basa en la “igualdad de oportunidades” y en los “derechos humanos”, más allá del “concepto tradicional de justicia legal”, “está basada en la equidad y es imprescindible para que cada persona pueda desarrollar su máximo potencial y para una sociedad en paz”.
Son diversos los organismos internacionales, oenegés, burócratas y políticos que en sus discursos han acostumbrado a exaltar a la “justicia social” como un ideal de equidad y derechos humanos, por encima de la mera justicia legal, prometiendo el desarrollo pleno y una sociedad en paz. Se ha pregonado a tal grado que el propio Papa Francisco ha sido promotor de la justicia social a través de sus encíclicas «Laudato Si», afirmando que la justicia social es un pilar fundamental para combatir las crisis sociales y ecológicas, y «Fratelli Tutti», en donde profundiza directamente en la justicia social como un medio para construir un mundo más equitativo. Pero, ¿es esto más que una utopía bien intencionada?
Se podría decir que, en una sociedad con justicia social es aquella donde los individuos en clases sociales más “desfavorecidas” poseen “mayores posibilidades de desarrollo”. Así pues, inherentemente el modelo económico se basaría en la equidad y en la distribución.
¿Esto es aplicable en la economía?, entendamos primero como funciona una economía con algunos conceptos por medio de la praxeología y cataláctica de autores como Ludwig Von Mises, Friedrich Hayek y Jesús Huerta de Soto, veremos las incoherencias de la justicia social, la cual es una quimera incompatible con una economía libre, donde las imposiciones distributivas tienen un costo en el mercado, sacrificando la eficiencia, libertad y bienestar de las personas.
Es así que, en la economía, inexorablemente los individuos están sujetos a la escasez de bienes y servicios, antagónicamente la abundancia de las necesidades. Mises explica que una economía libre de mercado es un sistema social de división del trabajo basado en la propiedad privada de los medios de producción. Cada uno, dentro de tal orden, actúa según le aconseja su propio interés; todos, sin embargo, satisfacen las necesidades de los demás al atender las propias. El actor, en la economía libre, se pone invariablemente al servicio de sus conciudadanos. Éstos, a su vez, igualmente sirven a aquél. El hombre es al mismo tiempo medio y fin; fin último para sí mismo y medio en cuanto coadyuva con los demás para que puedan alcanzar sus propios fines.
Como el intercambio mercantil y el cálculo monetario se hallan inseparablemente ligados entre sí, para ahondar en la comprensión del tema, es menester acudir a un enfoque cataláctico; es la ciencia del intercambio. Tomamos esta aproximación, dado que como se busca fundamentar cómo será la asignación justa en una sociedad con justicia social, primeramente, debemos ver cómo es una sociedad sin la misma. Mises señala, en su obra la Acción Humana, en la praxeología, la cataláctica es el método específico de la ciencia económica; es el método de las construcciones imaginarias.
En su ensayo ‘El atavío de la justicia social’, Hayek en contraste a Mises, derivó el término “catalaxia” del verbo griego katallasso, que significa no solo “intercambio”, sino también “admitir en la comunidad” y “pasar de enemigo a amigo”. Hayek desde este enfoque, argumenta que la justicia social choca con el funcionamiento del mercado. La cataláctica explica cómo opera el mercado, para evaluar cualquier medida que limite el libre juego de sus elementos en un contexto no interferido, es imprescindible analizar primero los resultados que generaría la libertad económica.
En su ensayo, Hayek establece un supuesto donde considera una economía pura o de mercado no interferido por las fuerzas del estado, esto no debe confundirse con economía de competencia perfecta o economía de giro uniforme. Para Hayek, en la economía libre el proceso de mercado corresponde a «una contienda jugada de acuerdo a reglas y decidida por destreza superior, fuerza o buena fortuna». Es en este aspecto tanto un juego de habilidad como un juego de oportunidad. Sobre todo, es un juego que sirve para tomar de cada jugador la contribución más valiosa para el fondo común, del cual cada uno ganará una cuota incierta.
En una sociedad en la cual las finalidades individuales son necesariamente diferentes, basadas en un conocimiento especializado, y los esfuerzos se dirigen hacia un intercambio futuro de productos con socios aún desconocidos, las reglas comunes de conducta reemplazaron cada vez más los fines comunes particulares como fundamentos del orden social y de la paz.
La interacción de los individuos llega a ser un “juego”, porque lo que se requería de cada cual era observancia de las reglas, y no la preocupación por un resultado especial que no fuese el de ganar apoyo para sí mismo y su familia. Las reglas que se desarrollaron gradualmente, porque hacían más efectivo este juego, eran esencialmente las de la ley de propiedad y contrato. Estas reglas, a su vez, hicieron posible que el juego se convierta en un régimen donde impera la división progresiva del trabajo y, asimismo, aquel mutuo ajuste de esfuerzos independientes, que es requerido por una división eficiente del trabajo.
En su análisis Hayek supone que se practica la división del trabajo y que rige la propiedad privada, el control de los medios de producción; que existe, por tanto, intercambio mercantil de bienes y servicios, se supone, igualmente, que el funcionamiento del mercado no es perturbado por factores estatales. Dándose finalmente, por admitido que el gobierno, es decir, el aparato social de compulsión y coerción, estará presto a amparar la buena marcha del sistema, absteniéndose, por un lado, de actuaciones que puedan desarticularlo y protegiéndolo, por otro, contra posibles ataques de terceros.
En este régimen el rol del mecanismo de señales de precios es un factor clave en el desarrollo óptimo de una economía de mercado dado que los precios de mercado son un fenómeno real; siendo aquellos el tipo de cambio al que efectivamente se realizaron las operaciones. Como menciona Jesús Huerta de Soto en su ensayo, “La ética del capitalismo”, la propia evolución de la teoría económica ha demostrado que es teóricamente imposible hacerse con la información necesaria respecto a los beneficios y los costes derivados de cada acción humana.
El precio final, en cambio, es un precio hipotético. Los precios de mercado son realidades históricas, por lo que es posible cifrarlos con exactitud numérica en dólares y centavos (u otras divisas), esto lo explica Mises en su obra la Acción Humana. Por tanto, si el mercado goza, así, de plena libertad; ningún agente ajeno al mismo interfiere los precios, los salarios, ni los tipos de interés.
Partiendo de tales presupuestos, la economía trata de averiguar los efectos de semejante organización. Para Hayek, la justicia social sostiene una reivindicación moral sobre el gobierno para que nos otorgue lo que puede tomarse por la fuerza de aquellos que tuvieron más éxito que nosotros en el juego de la catalaxia, o, mejor dicho, a través de emprender y asumir los riesgos que implica participar en el libre mercado. En una economía libre no puede aplicarse la justicia social, porque ésta es incompatible con los resultados de una economía de mercado: no puede haber justicia distributiva donde nadie distribuye.
Cuando se pretenda legislar la redistribución de la riqueza en una economía para lograr un “efecto derrame”, es decir, políticas que “benefician” a los ricos esperando que la riqueza «gotee» hacia abajo de forma indirecta, no mediante una redistribución directa hacia los menos favorecidos, esto constituye, de igual modo, una intromisión innecesaria del gobierno en la economía.
Legislar de esa manera y defenderlo con inocencia sería un despropósito, pues implicaría penalizar a los individuos sujetos a las leyes de la oferta, la demanda, la escasez, los costos y los beneficios del mercado, quienes, al tomar decisiones y acciones acertadas, incrementan la riqueza de un país mediante más bienes y servicios, ya sea a mejor precio o mayor calidad.
La justicia tiene sentido sólo como una regla de conducta humana y ninguna regla concebible para la conducta de los individuos que se ofrecen entre sí bienes y servicios en una economía de mercado no se producirá una distribución que pueda describirse con significado como justa o injusta. Como expone Huerta de Soto, lo justo no puede ser ineficiente, ni lo eficiente injusto. Y es que en la perspectiva del análisis dinámico, equidad o justicia y eficiencia no son sino las dos caras de la misma moneda que, por otro lado, confirman el orden integrado y coherente que existe en el universo social.
El total vacío de la frase «justicia social» se demuestra en el hecho de que no existe ningún acuerdo sobre lo que requiere la justicia social en cada instancia particular; también en que no existe ningún test conocido a través del cual decidir quién está en lo correcto si las personas difieren, y que ningún esquema preconcebido de distribución puede ser efectivamente diseñado en una sociedad cuyos hombres son libres.
Esto en el sentido que les es permitido usar su propio conocimiento para sus propios propósitos. En efecto, la responsabilidad moral individual por las acciones de cada uno es incompatible con la realización de cualquier modelo general de distribución. Huerta de Soto expone que solo la errónea idea de equidad o «justicia social», según la cual los resultados del proceso social pueden enjuiciarse con independencia del comportamiento individual que hayan tenido los partícipes en el mismo.
Para la implementación de la justicia social se utiliza el derecho positivo para imponer dicha igualdad, la justicia social no es algo que provenga del derecho natural, recordemos que por muchos años políticas como la esclavitud o el racismo sistemático fueron amparadas por el derecho positivo. Considerando todo el costo que implica mantener un sistema de justicia, Thomas Sowell ha dicho que, “la suposición de que gastar más dinero de los pagadores de impuestos mejorará la situación ha sobrevivido a toda clase de pruebas de que la ha empeorado”. Por tanto, aquellas políticas públicas que ofrecen programas sociales que no sean servicios esenciales de seguridad, no resguardan la integridad de los individuos, sino que socava las libertades y restringe el pleno funcionamiento de la economía.
Por ejemplo, aquellos programas que premian a aquellos que no trabajan, conocidos como “seguro de desempleo” provienen de la exacción de los pagadores de impuestos que sí son productivos en una sociedad. De hecho, todos los programas públicos de bienestar social son financiados por aquellos individuos que producen bienes y servicios a la sociedad y solamente por medio de la fuerza de coerción del estado se extraen dichos fondos. Así que esos programas de bienestar social no contribuyen a la creación de riqueza nacional ni a la formación de capital, sino lo contrario, lo restringe.
Huerta de Soto indica que es especialmente criticable el concepto de «justicia social» que pretende enjuiciar como justos o injustos los resultados específicos del proceso social en determinados momentos históricos con independencia de que el comportamiento de los artífices del mismo se haya adaptado o no a normas jurídicas y morales de carácter general.
“Si la desigualdad es un mal y busca reducirse por medio del intervencionismo gubernamental, en todo caso no debería consentirse grado alguno de su existencia, por bajo que sea. La igualación de ingresos y patrimonios no debe detenerse antes de que se haya nivelado por completo”. Afirmó Huerta de Soto.
Por tanto, al no existir un indicador que determine que la desigualdad es un mal para la sociedad, no debe considerarse una problemática; en cambio sí debería prestarse atención a otras más destructivas como el intervencionismo, la planificación económica y la pobreza.
Respecto a las políticas intervencionistas; no son viables, debido a que es fundamental comprender la función de la desigualdad económica; es un mecanismo que sirve para mantener la cooperación social y la división de trabajo; aspectos fundamentales en el capitalismo.
La desigualdad de riqueza e ingresos es el implemento que hace que la competencia funcione. Si se pretende nivelar a todos a un punto determinado, los individuos productivos en la sociedad perderán todo incentivo para producir y los pocos productivos estarán expectantes a una redistribución de la riqueza ajena, por tanto, la asignación de recursos se vuelve ineficiente.
Los impuestos progresivos, graduales e inflacionarios a la renta y la abolición de todo derecho a la herencia son políticas económicas insostenibles e incompatibles con la preservación de una economía de mercado. Cualquier proceso redistributivo es injusto e ineficiente.
El mundo se dirige hacia esta senda de “injusticia” social por la compulsividad de políticos y burócratas en diseñar políticas que pretendan planificar la economía cegados por reivindicaciones sociales, políticas que no pueden aplicarse a los resultados de una economía de mercado.
Es fundamental comprender que los humanos somos seres sociales, no átomos como afirman ciertos adversarios de la libertad. Sin la desigualdad no se darían las transacciones económicas, que por medio de acuerdos voluntarios y el cálculo económico, se lleva a cabo una resolución pacífica de las problemáticas de ambas partes participantes de dicha operación.
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