Precios, oligopolios y populismos:

¿Porqué todo está caro?

Autor: Martín Zayas

Mucho se ha hablado de cómo los “codiciosos” empresarios “manipulan los precios” a través de la cadena de producción, particularmente del sector de los frigoríficos, pero se ha obviado en mencionar la situación del salario real de los individuos, pues hay una gran diferencia entre aumentos nominales y aumentos reales. Por otro lado, ha habido una desenfrenada bravuconería de parte de populistas que pretenden manipular los precios como si fuesen un “mecanismo” similar a una palanca que puede “subir o bajar” según plazca el arbitrio de los entrometidos que ignoran leyes económicas fundamentales. En este espacio desarrollaremos sobre cómo los precios y salarios, la inflación, la deuda pública, los sectores económicos, la dinámica del mercado y la política inciden sobre cada eslabón de la economía paraguaya.

Un factor que tiene incidencia en la economía es la política, como es el proyecto “que crea una comisión especial para consensuar proyectos que buscan DESMONOPOLIZAR LA VENTA, DISTRIBUCIÓN, EXPORTACION Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS EN PARAGUAY” impulsadas por ignotos en materia económica, como los congresistas Enrique Salyn Buzarquis (PLRA), Yolanda Paredes (CN), Ramón Retamozo (ANR), Blanca Ovelar (ANR), José Oviedo (Partido “Yo Creo”), Noelia Cabrera (PLRA), Hermelinda Ortega (PLRA) y Zenaida Delgado (ANR), ignoran cuáles son los incentivos que tienen los oferentes para producir bienes y servicios: las ganancias, es esa la manera que las empresas promueven el bienestar social; satisfaciendo las necesidades del prójimo, ignoran qué recursos se necesitan para fiscalizar la economía en todo su esplendor, no es tanto misterio, se requiere de omniscencia y omnipresencia para advertir todas las maniobras dinámicas realizadas por los individuos.

Además, los oligopolios creados en un mercado libre, o relativamente libre (sin legislaciones que obstaculicen el ingreso a nuevos competidores, que por cierto, el caso paraguayo no es parámetro de un mercado libre, ahondaremos sobre esto más adelante), en primera instancia demuestra que los consumidores tienen preferencia por las empresas, en segunda instancia, ante la aparición de nuevos competidores los oligopolios no pueden mantenerse a lo largo del tiempo y deberán estar sujetos a la dinámica de la competencia empresarial.

Una manifestación, de las tantas, es la del senador Colym Soroka (ANR), expresando que el gobierno no debe limitarse a recaudar, sino regular para beneficio social: “Algunos dicen que no se puede inmiscuir, tal vez no, pero cuando hay un abuso debería inmiscuirse (el Gobierno)”. También aseguró que ellos (los frigoríficos) regulan y fijan el precio. Entonces, si tienen tanto poder sobre los precios ¿porqué directamente no venden el precio de la carne a G. 1.000.000 o ad infinitum el precio que deseen ganar?
Es importante entender que en mercados menos intervenidos por el gobierno, tiende a haber precios más libres, por tanto, la supremacía de los consumidores es el parámetro que determina los precios de los bienes. El principio de imputación establece que los bienes de primer orden, bienes de consumo, determinan los precios de los bienes de orden superior, bienes de producción. Por tanto, si la preferencia de los consumidores es elevada hacia la carne, la producción y la oferta ajustará la cadena de producción para satisfacer las necesidades del prójimo y así cumplir con su rol de benefactor social. El indicador de que este sistema dinámico de cooperación social está en funcionamiento es el régimen de pérdidas y ganancias, es decir, las empresas más eficientes tienden a tener una mayor cuota de mercado que las empresas menos eficientes.

La extensa regulación ¿realmente es garantía de calidad o una barrera de entrada para los competidores?

Sin embargo, manifiestan que los frigoríficos son un oligopolio, un cartel que forman los precios, análogamente los supermercadistas, las estaciones de servicio, los distribuidores de energía eléctrica como la ANDE, entonces ante ello es menester señalar las barreras de entradas que existen para aumentar la competencia y, por tanto, la oferta de bienes y servicios.

En el caso particular del sector ganadero, existen todas la leyes que regulan desde el hato ganadero, los corredores verdes, la genética de los animales, los estándares de calidad en logística, faena y presentación de los productos a través de las siguientes regulaciones: Ley N° 81/92: Estructura el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), “organiza” políticas agrícolas, Ley N° 1863/02: Establece el Estatuto Agrario que regula la tenencia y distribución de tierra rural, “apoyando” a pequeños productores.Ley N° 1248/31: Código Rural que define disposiciones sobre ganadería, incluyendo transporte y sanidad animal, Ley N° 2426/04: Crea el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) para “regular la sanidad y calidad de productos ganaderos”, Ley N° 4840/13: de Protección y Bienestar Animal establece “normas humanitarias” para animales de producción, Ley N° 422/73: Forestal, “limita la expansión ganadera exigiendo conservación de bosques”. Ley N° 716/95: Sanciona delitos contra el medio ambiente, “penaliza prácticas ganaderas que dañan el ecosistema”, Ley N° 4050/10: Desarrollo Sostenible de la Acuicultura, “promueve” el desarrollo sostenible de la acuicultura bajo supervisión. · Ley N° 128/91: Fondo de Desarrollo Campesino, crea un “fondo para financiar proyectos en ganadería de pequeños productores”.

La hazaña de un Estado intervencionista, omnipotente y de corte marxista cae afecta incluso desde la Constitución Nacional: Capítulo IX, Sección II: “regula la Reforma Agraria y uso de la tierra”, promoviendo el desarrollo rural y la función social de la propiedad, afectando la asignación de tierras para ganadería, el art. 114 establece: “Se adoptarán sistemas equitativos de distribución, propiedad y tenencia de la tierra; se organizarán el crédito y la asistencia técnica, educacional y sanitaria; se fomentará la creación de cooperativas agrícolas y de otras asociaciones similares, y se promoverá la producción, la industrialización y la racionalización del mercado para el desarrollo integral del agro.”

Este extenso manifiesto de regulaciones es una exacerbada manifestación de arrogancia que pretende que el Estado actúe de forma paternalista y omnipotente para el “desarrollo” económico. Uno puede empapelar kilómetros de leyes, sin embargo, no existen manifiestos recursos para poder planificar la economía hasta el último detalle y esto se debe a la asimetría del conocimiento, lo cual hace imposible al Estado, manejar toda la información que posee cada individuo y que de forma espontánea cooperan y permiten la cooperación social.

En la supina ignorancia de los planificadores sociales, que creen que con aumentos de precios a través de decretazos se van a compensar la pérdida de poder adquisitivo, manifiestan en su ingenuidad que “se debe aumentar el salario mínimo. Lo que ignoran es que el salario es un precio como el de cualquier otro bien de la economía, claro está que tiene menor dinamismo que otros precios y tiende a estar sujeto a obligaciones contractuales, he ahí las fricciones (obstáculos que impiden la eficiente conexión entre trabajadores y empleos) en el mercado laboral.

La solución a la problemática de los salarios y el poder adquisitivo no se resuelve con el capricho de un legislador o burócrata. Es menester que los salarios mínimos no deben existir, los acuerdos de precios se deben realizar solo entre las partes implicadas: la oferta y la demanda. El Estado no debe intervenir, sino vemos evidentes casos como confiscan el fruto del trabajo de los individuos como son la “seguridad social” que ofrece IPS, mientras los políticos perciben seguros privados a costa del dinero de los pagadores de impuestos.

El rol que el Estado debe asumir es meramente de árbitro para garantizar que las obligaciones contractuales pactadas entre partes se cumplan, esto a través de la justicia por medio de conciliaciones, mediaciones y arbitrajes, que garanticen el cumplimiento de la ley y la justicia. Este tema puntualmente, es más extenso, por tanto ahondar en ello no es necesario para esta ocasión.

Ahora, dentro de la vigencia regulatoria del Salario Mínimo, vamos a desglosar entre el salario mínimo nominal, que refiere a la cantidad de dinero que recibe un trabajador en términos brutos, sin ajustar por la inflación o el costo de vida, crece consistentemente, y el salario real, que es la relación entre salario nominal e inflación, no muestra una mejora sostenida, lo que indica que los ajustes nominales apenas compensan la inflación en algunos años (como 2023 y 2024) y no lo hacen en otros (2021, 2022, 2025). Esto sugiere que el poder de compra de los trabajadores con salario mínimo no ha mejorado significativamente en este período.

Evolución del Salario Mínimo Legal Vigente (2020-2025)

Año	Salario Mínimo Nominal	Salario Mínimo Real	Variación de Poder Adquisitivo respecto a 1980 (%)
2020	2,192,839	28,024	27.0
2021	2,241,082	27,332	23.9
2022	2,419,816	26,886	21.9
2023	2,615,340	27,772	25.9
2024	2,739,341	28,015	27.0
2025	2,812,700	27,742	25.7

Fuente: Indice estadístico del BCP

Ante la disyuntiva entre el salario nominal y real, los dos instrumentos que tiene el Estado para enmendar esto son: la política monetaria y la política fiscal, por el lado monetario hay adversidades como la gestión de la Tasa de Política Monetaria (TPM) que pretende reducir la inflación. La misma inflación causada por el Banco Central del Paraguay que en 2022 en términos interanuales estuvo en los dos dígitos alcanzando prácticamente el 12% respecto al año anterior y que recién en el año 2023 empezó a estabilizarse y en 2024 a reducirse el ritmo de crecimiento relativo de los precios.

En materia de política fiscal, es menester señalar la deuda pública que roza el 40% respecto al PIB, esta es una señal del gasto político desenfrenado, pues en los últimos años se ignoró la Ley Nº 5098/13 “de responsabilidad fiscal”, el actual gobierno tiene la obligación de reducir el déficit público para evitar que siga aumentando la deuda pública y no alcanza con tener “déficits menores que años anteriores”, sino que el objetivo debe ser aspirar al déficit cero, no asumir más deudas en obras fantasmas como fue el caso del metrobus y permitir que el sector privado, a través de concesiones, se encarguen de la inversión y desarrollo de infraestructura pública.

Recientemente el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, manifestó que podrían liberar completamente la importación de carne vacuna de Argentina y Brasil para aumentar la oferta local y bajar los precios al consumidor. Los datos señalan que la faena es de 2,2 millones de cabezas de ganado al año, el 70% se exporta y apenas 30% queda para consumo local. Hoy hay 60 mercados del mundo abiertos y los frigoríficos generan USD 2000 millones al año en divisas. Pero el consumidor paraguayo tiene una carne 22% más cara que en 2024.

Para aquellos que abogan “vivir de lo propio”, idea nacionalista hueca de sustento teórico, Argentina es un claro ejemplo que el modelo de sustitución de importaciones, modelo cual busca reducir la dependencia de un país de los bienes importados fomentando la producción nacional, ha sido un fracaso irremediable para la calidad de vida de los consumidores.

Es un paso adelante para reducir el proteccionismo a industrias locales, aumentar la oferta de carne en el mercado local, sin embargo, es insuficiente pues la solución es reducir todas las barreras de entrada para la creación de competencia, el aumento de oferta labora y el aumento de la productividad y salarios de los paraguayos.

El consumo de proteína es elemental para combatir el cretinismo y hacerlo a través de amedrentamientos por medio del poder estatal, lo único que puede provocar es una reducción en la oferta y un aumento de los precios. Pues como es sabido, las necesidades son infinitas y los recursos escasos. Los políticos mencionados y/o burócratas son charlatanes populistas que no tienen la capacidad ni los conocimientos necesarios para producir riqueza, son meros parásitos que viven de los impuestos del confiscados a los emprendedores, trabajadores y familias, que arriesgan su capital, tiempo y necesidades para resolver problemas económicos en el día a día. El mercado es la institución que por excelencia y definición, crea riqueza, el crecimiento y desarrollo económico de las naciones.

Entonces, ¿cómo pueden las políticas públicas en Paraguay equilibrar la necesidad de aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores y fomentar la competencia en sectores como el ganadero, sin caer en intervenciones populistas que distorsionen el mercado y generen consecuencias económicas negativas a largo plazo?

Publicado originalmente en Kontenidos PY