La ganadería en Paraguay se realiza desde la época colonial, cuando Domingo Martínez de Irala, quien fue gobernador de la región, ordenó la importación de ganado desde las primeras colonias españolas establecidas en el continente. Específicamente, se menciona que en ese año se trajeron un toro y siete vacas a través del río Paraguay en 1556 para Asunción.
Una vez introducido en Paraguay, el ganado bovino encontró condiciones favorables para su proliferación: extensas praderas, clima adecuado y poca competencia natural. Durante el período colonial, las vacas y toros se multiplicaron rápidamente, especialmente en las zonas rurales alrededor de Asunción y en el Chaco paraguayo más tarde.
Para el siglo XVII, los rebaños ya eran numerosos, y el ganado se había convertido en un elemento central de la vida en la región, tanto para los colonos españoles como para las poblaciones mestizas e indígenas que adoptaron su manejo.
Ahora mismo, los políticos y burócratas están debatiendo la creación de un “Instituto de la Carne”, con la excusa de regular el sector ganadero que tiene una vasta trayectoria en nuestro país y de forma prácticamente ininterrumpida. Pero, esta particular propuesta intervencionista no es algo nuevo y deviene de ideas autoritarias y muy arrogantes con el afán de planificar la economía nacional.
El 6 de marzo de 1944 por Decreto-Ley 2819 el entonces dictador Higinio Morínigo instauraba la Corporación Paraguaya de Carnes (COPACAR). Con la excusa del mejoramiento del hato ganadero, la necesidad de que los pobres accedan al consumo de la carne, y el “mejoramiento” de las condiciones de la ganadería en el Paraguay, le fueron otorgados al ente una serie de facultades de carácter absoluto y tiránico.
Entre las atribuciones que tenía este ente, estaba la facultad de ejercer el control sobre el comercio y la industrialización, tanto internos como externos, de los productos cárnicos en el Paraguay, la misma excusa que utilizan los impulsores del “Instituto de la Carne”, la facultad de fijar precios de los productos de la ganadería, establecer cuotas para la faena, la comercialización de la venta del ganado en el país, y la instauración de normas para la producción y comercio de la industria pecuaria, entre otras.
Para financiar este ilegítimo monopolio la ley de la COPACAR la ley disponía la capitalización por parte del Estado – dinero de los impuestos -, más el aporte compulsivo del sector ganadero. Además de estas ilegales disposiciones se autorizaba al ente a percibir tasas y multas por sus ilegítimos servicios, además de los frutos de su monopolística actividad.
Esta normativa convirtió a la COPACAR en un monopolio estatal de la compra y venta de ganado. Hasta el año 1957 ejerció un control absoluto y dictatorial de la compra y venta cárnica en el Paraguay. El ganado debía obtenerse a través del ente del Estado y lo mismo era aplicable a las industrias de procesamiento. COPACAR, asimismo tenía la potestad de la fijar los precios del ganado y los productos cárnicos. Los productores y consumidores habían sido despojados de sus legítimos derechos de beneficiarse de la operación del mercado libre. Se había implantado un socialismo de estado sobre la producción pecuaria en el Paraguay.
Por supuesto, mientras la mayoría de los productores y consumidores se arruinaban, los allegados al control del ente obtenían enormes y rápidas ganancias merced al sistema monopolístico del cual se beneficiaban.
La política monopolista de este lamentable ente no tardo en zozobrar. El abandono del sistema libre de oferta y demanda provocó inmediatamente la escasez generalizada de la carne, desabastecimiento, menor acceso de la gente pobre a los productos cárnicos, y naturalmente la molestia generalizada de los ganaderos. La escasez que provocó naturalmente hizo que operaran mecanismos naturales de corrección como lo fue el contrabando, pero fue insuficiente para contrarrestar el fracaso total de las supuestas intenciones originales por las cuales se habría creado el ente.
Unos años después de haberse reorganizado el ente mediante la ley Nro. 710 del año 1961, el entonces presidente Stroessner, ya no pudiendo resistir la presión del sector ganadero, lo disolvió por Ley 695 del 6 de julio de 1978, terminando así con uno de los monopolios más espantosos y perjudiciales que impuso el Estado en el Paraguay.
La COPACAR fue uno de muchos monopolios que se establecieron por ley durante la dictadura de Morínigo. Entre otros podemos resaltar la Dirección General de Puertos (1942), Instituto de Previsión Social (1943), el Banco del Paraguay (1944), Flota Mercante del Estado (1945) ANDE (1948), ANTELCO (1948) APAL (1951), ANAC (1951) Banco Central del Paraguay (1952) y la INC 1954), etc.
La creación de todos estos entes obedecía al abandono por parte del gobierno de la política de libre mercado para substituirla por el sistema del socialismo, entendido como la planificación compulsiva de la economía. Asimismo, también se expandía considerablemente el prebendarismo estatal, con la creación de leyes como la de la COPACAR, que fue el resultado de la confabulación de los intereses particulares con el Estado.
La ley de la COPACAR era cruda, directa. Si bien mimetizaba sus reales intenciones con supuestas acciones altruistas, en realidad no podía ocultar sus designios depredativos. Fue un intento exitoso de monopolizar en favor de la casta política en confabulación con particulares, la producción y el comercio cárnico en el Paraguay. Demás está decir que produjo un daño extraordinario.
Sería tal vez imposible actualmente intentar reproducir con éxito este experimento de despojo. Sin embargo, los intereses mezquinos de parásitos y depredadores sociales actúan en forma similar a los virus y las bacterias sobre los cuerpos vivos. Al igual que estos elementos patógenos, tienen la capacidad de mutar y presentarse ante el cuerpo social con renovada fuerza y en forma más sigilosa y peligrosa.
Ahora los gremios más importantes del rubro ganadero como: la Asociación Rural del Paraguay (ARP) y la Cámara Paraguaya de Carnes (CPC) solicitan al Congreso Nacional la aprobación de un proyecto de ley para la creación de un ente denominado “Instituto de la Carne”. Este ente supuestamente se estaría creando para la “promoción técnica, económica y comercial de la producción, comercialización, e industrialización de la carne bovina y sus subproductos”,
Entre sus “atribuciones” más generales estarían las de “promover” la competitividad de la cadena cárnica bovina del Paraguay y “contribuir” al desarrollo del mercado interno y el crecimiento de las exportaciones, “apoyando” acciones tendientes a la apertura de mercados y llevando a cabo acciones de “promoción” comercial.
Sin entrar a considerar la vaguedad de los términos “promover”, “contribuir” y “apoyar” que nada nos dicen sobre los fines que se pretenden lograr con la instauración de este innecesario ente, debemos hacer hincapié en la obvia y peligrosa similitud que existe entre este proyecto de ley y la ley de la nefasta COPACAR.
La primera similitud más gruesa y patente entre las dos leyes es el descarado impuesto que pretende introducir esta nueva institución para justificar su funcionamiento. En efecto según el artículo 14 se estaría obligando al productor ganadero a realizar un “aporte” de 1 (un) dólar americano por cada animal bovino que se remita a un frigorífico. Además, se exigiría al frigorífico otro “aporte” similar por cada animal faenado. Además del injusto y tiránico impuesto, nos hallamos también ante una doble imposición sobre el mismo acto. Algo expresamente prohibido por los principios impositivos. Junto con estos ingresos, estaría también facultado a percibir tarifas por sus innecesarios e ilegales servicios, y cobrar multas por incumplimientos. Mas grave aún. En virtud de las disposiciones del artículo 15, podría recurrir a tácticas extorsionistas, pudiendo obligar a SENACSA a no extender certificados sanitarios a todos aquellos que no cumplan con el impuesto obligatorio. Asimismo, se estaría criminalizando el incumplimiento, calificándolo como “lesión de confianza” y sometiéndolo a las disposiciones del artículo 192 del Código Penal. Estas disposiciones son de por sí tiránicas e inaceptables, pero no representan lo más grave del problema.
Recordemos nomás algunas de las “atribuciones” que tenía la COPACAR. “TIPIFICACIÓN de la carne” (art 5 inc. c.) “proposición de normas adecuadas para el fomento de la producción el comercio y la industria pecuaria;(art 5 inc. e) “la elaboración de estadísticas ganaderas” (art 5 inc. F); “prohibir el traslado de ganado de una región a otra” art 6 inc. ñ); “tomar todas las disposiciones y contratar todas las operaciones que fueran necesarias para el cumplimiento de sus fines (art 7)”.
Veamos ahora algunas de las “atribuciones” que tendría el “Instituto de la Carne”. El lenguaje es más sutil, más elaborado, más velado, pero el “OBJETIVO” es el mismo; “Diseñar y ejecutar programas globales y campañas de promoción específicas para distintos mercados (art 3 inc. 4); “preparar y publicar catálogos sobre razas bovinas en Paraguay” (art 3 inc. 7; Promover la construcción de una “marca país” art 3 inc. 8); Desarrollar programas y protocolos para carnes provenientes de sistemas de producción diferenciados (art 3 inc. 13); “relevar, indicadores de eficiencia de la producción ganadera del país identificando los indicadores a mejorar (art. 3 inc.14; “acompañar o dar seguimiento a las etapas de la producción y el transporte de hacienda (art. 3 inc. 15); “promover las buenas prácticas ganaderas (art 3 inc. 16); “proponer normas y sistemas de clasificación y TIPIFICACION de carnes y sub-productos (art. 3 inc.18); “organizar auditorias de calidad de producto final para identificar aspectos que mejorar” (art. 3 inc.19) “identificar carencias o inadecuaciones críticas en materia de infraestructura física y servicios relevantes en la cadena cárnica y realizar gestiones ante las autoridades para procurar su adecuación (art. 3 inc.20); Proponer mecanismos para la atención de necesidades financieras de corto mediano o largo plazo (art. 3 inc. 21); “relevar e identificar problemas en materia de operaciones logísticas propias de la cadena cárnica, tales como el transporte de ganado, almacenamiento, embarque, circulación por agua en territorio de países vecinos, y proponer soluciones a los mismos gestionando ante las instituciones públicas y privadas. (art. 3 inc. 22); y finalmente “desarrollar cualquier otra actividad que tienda al mejor cumplimiento de los objetivos de la ley (art. 3 inc. 25).
Hemos puesto en negrita aquellas disposiciones que no solo se asemejan a la antigua ley de COPACAR, sino que demuestran claramente el objetivo final real de la presente ley, y que es establecer subrepticiamente el control total y absoluto de los gremios ganaderos de todo el sistema de producción, industrialización, y comercialización de los productos ganaderos en nuestro país.
En efecto, y con el pretexto del mejoramiento de la actividad ganadera, el ente tendría la facultad de:
1) Tipificar todo tipo de producto ganadero adecuándola a las necesidades específicas del gremio, dictando o prohibiendo todo aquello que no se adecue a un formato preestablecido (esta disposición está contenida en la ley de COPACAR);
2) establecer cualquier tipo de norma que considere conveniente en la cadena de producción cárnica y obligar a través del gobierno a su cumplimiento (también prerrogativa de la COPACAR);
3) Diseñar y ejecutar todo tipo de proyecto que sirva a los intereses del gremio y obligar al ganadero a adecuarse a él;
4) instaurar protocolos de cumplimiento obligatorio en el proceso productivo en contra de la libertad de decisión del productor ganadero y sacando del mercado a aquellos que no puedan adecuarse a él;
5) obligar al ganadero a realizar prácticas que el gremio considere “apropiadas” para la producción, es decir estaría sacando al productor su facultad de decidir económicamente el mejor empleo de los factores de producción;
6) determinar arbitrariamente lo que considere es una “buena práctica” o una “mala práctica” en los procesos productivos, en abierta violación al principio de la libertad de mercado o los derechos constitucionales básicos;
7) determinar si los procesos logísticos comerciales (tales como el transporte, el embarque, el almacenamiento, la circulación, etc.). se adecuan a lo considera pertinente o correcto o a arbitrarias normas que podrían ser fijadas por el gremio; finalmente,
8) tendría la facultad de realizar cualquier tipo de acto que fuera conveniente para lograr sus objetivos, norma también contenida en la ley de COPACAR, es decir, dispondría técnicamente de facultades dictatoriales.
Pero, objetarían algunos, la Ley no otorga facultades compulsivas al ente. Este solo tendría la facultad supuestamente de analizar, promover, y recomendar acciones para el mejoramiento de la ganadería. Si esto fuera así, ¿qué necesidad hay entonces de crear una ley? La Ley es fuerza, compulsión y coerción. Su objetivo es obligar al individuo a actuar de cierta forma o prohibir al mismo a obrar de cierta manera. Bastaría que el gremio recomendase al ganadero las acciones pertinentes y el objetivo estaría cumplido. Pero el gremio pretende más, quiere obligar al sector ganadero que actúe de cierta forma, de la forma que el gremio considere pertinente, por supuesto en beneficio del gremio y sus intereses particulares, y eso es completamente contrario a la libertad económica y completamente inconstitucional.
¿Cómo obligaría el ente al ganadero a actuar de la manera que desee? A través de un mecanismo muy sutil y solapado que se intenta insertar en este inconstitucional proyecto. En efecto el art. 9 del proyecto establece textualmente “El poder Ejecutivo podrá homologar por decreto la reglamentación de la presente Ley o cualquier resolución que con carácter general dicte el consejo directivo y la eleve a su consideración”. Las resoluciones dictadas serán exigibles para las partes integrantes del instituto desde el día siguiente de su aprobación”.
Se puede comprobar pues que este ente no será creado para recomendar, sino para exigir el cumplimiento de sus resoluciones a través de la fuerza compulsiva del estado, y el artículo 9 del proyecto es el camino y mecanismo instaurado para tal efecto. Bastaría que el Poder Ejecutivo refrende las “recomendaciones” del ente para que se vuelvan de cumplimiento obligatorio. Estaría instaurándose el monopolio ilegítimo como el que tenía la COPACAR, de una manera más solapada y sutil. Demás está decir que esto es absolutamente inaceptable.
En un sistema de economía libre basado en la rentabilidad, el productor responde a los intereses del consumidor y su actuar produce el descenso de los precios y el aumento de la calidad de los bienes a través de la competencia que beneficia a la sociedad en su totalidad.
Cuando el gobierno interviene en este sistema lo hace promulgando leyes y regulaciones que benefician a un grupo de empresarios en detrimento de otros, todo en nombre de la “protección al consumidor”. Este otorgamiento de privilegios y estatus favorable a ciertos individuos por su poder o conexiones políticas se llama prebendarismo, la confabulación de particulares con el Estado. Los beneficiarios del prebendarismo sirven a los burócratas y políticos que los nombraron y no a los consumidores.
EL “INSTITUTO DE LA CARNE” ES UN CLÁSICO CASO DE PREBENDARISMO.
Imaginemos un escenario en el cual un ganadero pequeño o mediano que se dedique a la cría o al engorde o a cualquier otra actividad de producción pecuaria. Su objetivo principal es la satisfacción del consumidor. Un consumidor satisfecho es un consumidor que vuelve a comprar el producto que se éste le ofrece. Para ello, este hipotético ganadero selecciona el tipo de animal que va a utilizar, el tipo de campo disponible, el tipo de proceso productivo, la cantidad de personal a utilizarse, el tiempo productivo, su sistema de sanitación, su promoción, su sistema logístico de transporte etc. etc. Todo esto lo hace según su mejor estimación de como servirá mejor a su potencial comprador en calidad y precio. Si su cálculo es correcto, obtendrá rentabilidad. Si se equivoca sufrirá pérdidas. La competencia y la reputación que pudiera obtener este productor promueve la eficiencia y una clientela satisfecha.
Ahora aparece en el escenario el Instituto de la Carne – engendro de los gremios prebendarios en el poder – y decide que va a regular toda la “cadena de producción cárnica”. En tal sentido y como lo vimos más arriba decide “tipificar los tipos de carne”, “promover una marca país” “desarrollar protocolos”, “relevar indicadores de eficiencia”, “dar seguimiento a procesos logísticos (transporte), “promover buenas prácticas ganaderas”, “crear sistemas de tipificación de carnes”, “organizar auditorías de calidad” “identificar carencias” “manipular las necesidades financieras”, “relevar problemas u obstáculos etc. etc. etc. Para ejecutar todos estos objetivos obtienen el apoyo del Estado. El resultado de todas estas potenciales acciones sería la probable implantación de una enorme cantidad de potenciales elementos de control o requerimientos legales en cada una de las etapas productivas.
Una vez ejecutados todos estos potenciales elementos de control sobre la cadena productiva, nuestro hipotético productor pequeño -mediano se verá en la necesidad de gastar una considerable cantidad de recursos para satisfacerlos. Aunque la confabulación del gremio y el gobierno justifica estas intervenciones en nombre de la “protección al consumidor”, su objetivo final es aumentar los costos de cumplimiento para los productores ya existentes y crear barreras a la entrada de nuevos productores al mercado.
El resultado es la disminución de la capacidad de competencia de nuestro hipotético ganadero en favor de los ganaderos más grandes. Como consecuencia, se reduciría la oferta de ganado a la sociedad y los precios subirían en detrimento de todos los consumidores y la sociedad en general. No es extraño pues que sean los grandes productores – los miembros más importantes de los gremios – aquellos que presionan (hacen lobby) al gobierno para obtener las regulaciones que los benefician, destruyen a rivales y disminuyen la competencia.
El mercado libre funciona porque hace que las empresas respondan al consumidor. El prebendarismo no funciona porque favorece la confabulación de los particulares con el Estado, daña la pequeña empresa y deja a los consumidores con menos opciones. Cuando falla el prebendarismo – y falla siempre porque depende de favores políticos – perdemos todos.
La mayoría de la gente cree que la solución es que el gobierno se involucre más en la economía y dicte mayores regulaciones. La verdad es todo lo contrario. Necesitamos menos intervención del gobierno en todas las áreas de la economía.
Este intento de instaurar un ente con las facultades tiránicas que tenía la COPACAR ya viene circulando desde hace años. El intento de instaurar este proyecto monopolístico y algunos expertos ya notaron en su momento las similitudes que tiene con la antigua ley de COPACAR.
Por el bien del sector ganadero y la sociedad es absolutamente imperativo que se rechace este proyecto de confabulación de los gremios con el estado y se preserve el mercado libre, un derecho inalienable para el productor y el consumidor.
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