En estos últimos días ha ganado repercusión mediática el proyecto de ley de control, transparencia y rendición de cuentas para organizaciones privadas que reciban fondos privados. Los autodenominados representantes de la sociedad pretenden investirse como oráculos de la buena moral y las buenas costumbres, lo cual está grotescamente alejado de la realidad, como lo demuestra el prestigio inmerecido del que patéticamente se enorgullecen. Desde su misma concepción, tanto la idea como el texto de la ley resultante califican cabalmente como fascistas.
La única finalidad de la Constitución Nacional debería ser limitar el poder del gobernante, tanto en la toma de decisiones como en la pretensión de construir una dictadura legal. Los defensores de la existencia del Estado como entidad garante de la República argumentan y justifican la creación de esta falacia republicana en la necesidad de controlar a aquellas personas jurídicas que pudieran destinar fondos «a prestaciones de exclusiva competencia del Estado». Según esta visión, el Estado se reserva para sí facultades exclusivas que deberían ser cumplidas de manera regular y legal, sin desviarse ni un ápice del respeto y cumplimiento irrestricto de lo que la Constitución y las leyes expresamente permiten.
En primer lugar, el Estado está atropellando groseramente la libertad de las personas, arrogándose facultades no solo ilegítimas, sino también irregulares e ilegales. Pretenden que la Constitución Nacional les habilita a regir cualquier ámbito o dimensión de la vida y la actividad privada de las personas, bajo el pretexto de regular la participación totalmente legítima de los ciudadanos en las decisiones del gobierno. Estas regulaciones pretendidas van más allá de lo estrictamente permitido por la Constitución, avasallando el precepto constitucional que nos erige como República.
En segundo lugar, los promotores de este proyecto de ley demuestran una profunda ignorancia, de la que son orgullosos propietarios, al responsabilizar a terceros por decisiones y consecuencias que son exclusivamente responsabilidad del Estado. Ellos mismos reconocen en el proyecto de ley que estas competencias son exclusivas del Estado, siendo estas prestaciones autoasignadas y reservadas. Cabe entonces preguntarse cuál es la finalidad de esta reserva, incluso con carácter constitucional, si luego se trasladará la responsabilidad a terceros por las decisiones tomadas en función de la administración de esas competencias.
Por tanto, si pretendemos mantener el orden jurídico y social de la República y garantizar el respeto irrestricto a la libertad de los individuos, asociaciones, familias y empresas, el Estado no debe financiar a ninguna organización privada. No hay justificación para realizar estos aportes, ya sea a ONG, partidos políticos o cualquier organización del sector privado. No deben ser financiadas con impuestos. Los mal llamados representantes de la sociedad, es decir, los burócratas y políticos, se han tomado demasiadas atribuciones y han pisoteado las leyes y la libertad en un Estado de derecho que cada vez se ve más demacrado y lejos de ser el garante de lo que alguna vez pretendió ser.